En la develación de pruebas de la Fiscalía en las audiencias preparatorias de juicio, el ente investigador pidió que también se verifiquen movimientos del procesado, en criptomonedas.

Además del largo listado de testigos entre quienes están el excongresista Armando Benedetti, el senador Pedro Flórez y el empresario y hoy directivo de Air-e, Germán Londoño, entre otros, se hicieron requerimientos en temas financieros relacionados con monedas digitales y otros aportantes a la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia, en 2022.

“Se deben establecer e identificar las comunicaciones en las que se haga referencia a movimientos con  cripto activos, criptomonedas, la utilización de empresas en el movimiento de capitales, el movimiento de divisas, monedas extranjeras en territorio nacional o extranjero”, dijo la fiscal Lucy Marcela Laborde en la audiencia preparatoria de juicio.

La representante del ente investigador requirió que se haga la descripción del movimiento de capitales entre las diferentes ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y zonas de influencia.

“Es necesario prestar especial atención a aquellas operaciones realizadas fuera de la ciudad de su domicilio”, manifestó.

Con respecto a los vínculos de Nicolás Petro y su exesposa Daysuris Vásquez, con la administración con pública en Barranquilla y Atlántico, la fiscalía solicitó que se presente el directorio de contratistas de la Gobernación, a 31 de julio de 2023.

Hizo énfasis en la búsqueda de datos en el sector público, “con el fin de determinar los contratos que aparezcan entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla desde 2020 hasta la fecha". Los contratos con esa fundación habrían sido por influencia de Daysuris Vásquez.

Se hizo referencia a un contrato entre Conciencia Social y el Departamento “para aunar esfuerzo en la implementación de la modalidad de centros de vida móviles para la atención de las personas mayores mediante acciones de orientación sicosocial en busca de mitigar el efecto de síndromes geriátricos y promoción de estilos de vida autónomos y productivos”.

Ese contrato habría sido por valor de 400 millones de pesos.

Sobre la empresa de seguridad Lost Prevention que habría aportado dinero a la campaña de Gustavo Petro, la fiscalía solicitó “revisar base de datos” y “buscar información consignada que pueda reposar en Confecámaras, Secop y Supervigilancia, y las que se consideren pertinentes”.